Medidas del Gobierno Central contra la corrupción en materia urbanistica de los Ayuntamientos

(Diario El País, Domingo 26 de Noviembre de 2006)
Alcaldes y concejales tendrán limitada su entrada a empresas al dejar el cargo.
La incompatibilidad se aplicará a sectores en los que hayan tomado decisiones.
Los convenios y permutas con los constructores y promotores se aprobarán en pleno.
Texto del Proyecto de Ley de Gobierno Local.
El plan elaborado por el ejecutivo para luchar contra la corrupción establece profundos cambios en la gestión de los ayuntamientos .En el Proyecto de Ley de Gobierno Local, preparado por Administraciones Públicas se prohíbe a los concejales trabajar en sectores sobre los que tomaron decisiones hasta dos años después de abandonar el puesto.También, se impone que los altos funcionarios ( interventores, secretarios generales o arquitectos municipales) hagan declaración pública de intereses , como otros cargos públicos..
ARTICULO 63/ INCOMPATIBILIDADES
-- 1. Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado.
ARTICULO 51 TRANSPARENCIA
Uno de los instrumentos urbanísticos que más ha favorecido la corrupción ha sido el convenio. Se trata de un acuerdo entre un propietario o promotor privado y el Gobierno Municipal, respecto al desarrollo urbanístico de un terreno determinado. Estos convenios urbanísticos no necesitan parar por el pleno municipal para que todos los grupos, también la oposición, puedan debatir sobre los mismos y conocer sus detalles.
La letra k del artículo 51 del proyecto de Ley de Gobierno Local establece que corresponderá al pleno municipal la aprobación inicial del planteamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes, los convenios urbanísticos, las permutas de terrenos y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
En Marbella, la mayoría de las comisiones ilegales pagadas por los promotores se hacían en función de convenios urbanísticos.